Los contratan para detectar fraudes al sistema de salud que hacen empleados que se incapacitan constantemente, pero que en realidad no están enfermos.

urante cinco años seguidos, un empleado de la compañía Tratecni burló el sistema de salud y a su empresa aduciendo estar enfermo.

En ese tiempo, esta persona obtuvo varias incapacidades asegurando haber tenido un accidente laboral que le impedía trabajar. 

Sin embargo, un día este empleado fue visto por el gerente de la compañía caminando tranquilamente por la calle, a pesar de que aseguraba que necesitaba un bastón para apoyarse y movilizarse.

Este hecho causó sospecha a su empleador, quien al ver las redes sociales de su trabajador encontró fotos y videos que lo mostraban en una vida totalmente tranquila. 

Fue en ese momento que Jorge Tenjica, gerente de la empresa decidió hallar pruebas contundentes para confirmar que su empleado le mentía y decidió buscar ayuda para ese propósito. Fue cuando decidió contratar investigadores privados.

“Sentí que me estaba engañando. Decidí que lo mejor que podía hacer era contratar a investigadores privados para que confirmaran la sospecha”, afirma el gerente.

Ante la evidencia hallada en las redes sociales y los seguimientos que mostraban un fraude al sistema de salud del país, el empleado fue despedido.

Como este, existen varios casos de personas que buscan hacerle ‘conejo’ al sistema y debido a eso nació un nuevo mercado de investigadores para desmantelar posibles fraudes del ‘carrusel de las incapacidades’.

Según Adrián Pino Varón, de la empresa de investigadores Privados Asesores IP, después de que la Ministra de Trabajo Alicia Arango denunciara que en el país hay una ‘Carrusel de Incapacidades’, en el que médicos entregan incapacidades a empleados que no están enfermos, las empresas cada vez buscan a los detectives para probar estos fraudes.

“Las empresas tienen la necesidad de confirmar casos de empleados desleales que se incapacitan casi sistemáticamente. Lo que las empresas más nos solicitan son pruebas de que estas personas tienen una vida normal y, en los trabajos que realizamos, más del 90 por ciento de las sospechas son reales”, cuenta Pino Varón.

Según el Ministerio de Trabajo, estos fraudes a la salud representan cerca del 35 por ciento de la nómina de las empresas, lo que representa un fuerte impacto a la productividad del país.

Por su parte, para la Andi, un alto porcentaje de las empresas del país prácticamente tiene hoy una nómina paralela de empleados incapacitados o reubicados.

“Es real que las personas que más se incapacitan tiene entre 20 y 29 años porque la mayoría de investigaciones demuestran que son empleados jóvenes quienes están haciéndose incapacitar”, cuenta el gerente de Asesores IP.

Para la firma de abogados Arcelot, especializada en derecho laboral, las empresas contratan a los detectives porque las evidencias de los seguimientos prueban un fraude al sistema de salud, una vena rota más en la que médicos y empleados estarían realizando conductas penales que deben ser denunciadas en la Fiscalía.

En los últimos seis meses, Asesores IP descubrió 15 empleados que se incapacitaron sin estarlo y fueron despedidos.

Los falsos enfermos no son el único ‘dolor de cabeza’, ya que se han identificado modalidades en las que se contratan detectives por que los empleados entregan información confidencial a otras compañías o porque participan en robos internos